Tarjeta roja a Proyecto Minero Crucitas

Incoherencias

La Sala Primera rechazó los recursos de casación interpuestos por la empresa minera Industrias Infinito, SINAC, el Estado y ASOCRUCITAS tras la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre del 2010.

En palabras simples, ya no hay tal Proyecto Minero Crucitas. La sentencia N° 1469 ratifica lo que se había resuelto en el Contencioso: se anula la viabilidad ambiental, se anula la declaratoria de la minería a cielo abierto de interés público otorgada por Óscar Arias y se anula la concesión. El proyecto no va.

Toneladas de polémica

Un proyecto polémico desde sus inicios, cuando con otro nombre, la empresa pretendió extraer oro en esta comunidad fronteriza del distrito de Cutris, uno de los más pobres del país. Con el paso del tiempo, de las denuncias y de los reclamos, los rumores sobre artimañas e irregularidades eran cosa conocida por la gente de a pie. El tema siempre fue polémico, incluso días antes de emitirse esta última resolución. Reuniones entre empresa y políticos, conocimiento de resolución de Sala IV antes de que fuese dada a conocer a la opinión pública, la visita de los magistrados a Crucitas con obstáculos a los opositores al proyecto, bombardeo mediático, incursión fallida en redes sociales, insinuación de parte de funcionarios de la empresa de que jueces de Contencioso eran incapaces de llevar el juicio, demandas contra políticos contrarios al proyecto y filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera, dan cuenta, entre otros, de una serie de hechos en un proceso judicial en extremo complicado y lleno de controversia.

El discurso del empleo

So pretexto de crear fuentes de empleo y “salvar” la economía del cantón a través del pago de impuestos, la empresa minera y sus seguidores impulsaron una fuerte campaña en favor del proyecto. Los millones en propaganda no surtieron efecto en la opinión pública. A pesar de ello, en las publicaciones en prensa y en las declaraciones de sus voceros, siempre hubo algún elemento que impidió a la gente seguir su idea. La poca transparencia y la campaña mesiánica, pero ante todo el sentido común, fueron importantes para que una amplia mayoría de los costarricenses estuviesen en contra de esta propuesta.

Más allá de la necesidad de crear empleo -elemento muy importante-, la sentencia debe ayudar a que el país incentive la creación de empleos en un marco de legalidad. No es bueno, ni suficiente la creación del empleo por la creación del empleo, si no para ello montemos negocios ilegales por doquier y llevemos el desempleo a cero. Decir que la sentencia se trajo abajo la fuente de empleo no es culpa de quienes lucharon contra la empresa minera. El error es de la propia empresa minera y de la forma ilegal en que gestionó su proyecto. Otro gallo cantaría si las cosas las hubiesen hecho en respeto de la legislación.

Daños ambientales y clientelismo corporativo

El daño ambiental que hubiese causado la minería con cianuro era tan inmenso como las ganancias que nunca veríamos en Costa Rica. La remoción completa de suelo hubiese aniquilado toda vida en las áreas de los tajos y no solo de las lapas, ícono de la lucha que -sin pretenderlo los miembros del movimiento social- invisibilizó todos los otros daños potenciales de un eventual proyecto de minería.

El tema del recurso hídrico era quizá el más crítico: el sinsentido de la destrucción de una zona de bosque que es una zona productora de agua. Irónicamente, Coopevega vive con angustia el acceso limitado a una fuente de agua potable. El no pensar como región y como país, provocó que algunos vecinos de las comunidades creyeran que el desarrollo no debe ser construido por las fuerzas vivas de las comunidades en conjunto con los gobiernos local y nacional. El desarrollo -pensaron- estaba dado por el potencial mesiánico de una sola empresa. Un pensamiento heredado de la cultura del clientelismo político transformado ahora en clientelismo corporativo. Un hipotético desarrollo apenas provisional pues en el momento en que se diera el cierre técnico de la mina, no habría ni empleo, ni agua, ni nada.

Además, la sentencia arroja luz sobre un oscuro panorama en que la institucionalidad parece estar al servicio de grandes inversiones y no de las comunidades en concordancia con la ley, como lo indicó el alcalde de Mora en referencia al polémico caso de Autopistas del Sol. Asimismo, el caso Crucitas envía una señal para quienes deseen establecer negocios en el país: si quiere invertir, venga pero respete la ley y sea responsable, ojo que hay muchos ciudadanos vigilantes de que así sea. Suena idealizante, pero al menos se sentó un precedente.

¿Qué se viene?

Con lo dictaminado por la Sala Primera, sería sensato que la empresa minera retire las demandas contra varios opositores al proyecto, acusados de “difamar” a la compañía. Las declaraciones de estas personas mencionaban justamente las irregularidades que el Tribunal Contencioso resolvió y que fueron ratificadas por la Sala Primera. Continuar con esas demandas es proseguir con una extensa serie de desaciertos que llevaron a esta compañía a llegar donde hoy está luego de la sentencia.

El tema Crucitas no termina acá. En la parte legal quizá vengan algunas acciones de ambas partes. En ese ámbito, el partido no ha concluido. En la parte social y económica es hora de que los gobiernos local y nacional junto a las organizaciones locales, impulsen proyectos de desarrollo para Crucitas, Moravia, Chamorro, Coopevega y demás comunidades del norte de Cutris. Inversión en mejora y mantenimiento de caminos, aseguramiento de agua de calidad para el consumo humano, apoyo a la expansión de Coopelesca en el tema de electrificación, promoción de proyectos productivos a cargo de Universidades, cooperativas e instituciones como el INA e IMAS, incentivos de inversión de empresas agroproductivas con verdaderos modelos de responsabilidad social y ambiental; entre otras, son acciones que con toda seguridad generarían las alternativas que requieren las comunidades donde ya no habrá minería.

Hay que crear empleos, pero también hay que utilizar el agua de esas montañas para que la consuman sus habitantes y no para llenar lagunas de un proyecto de minería. Hay que crear empleos pero también hay que evitar echarle más leña al fuego del conflicto limítrofe con Nicaragua. Hay que crear empleos pero respetando la legislación y sobre todo, generando alternativas que garanticen fuentes de trabajo que duren mucho tiempo y no solo 10 años como iba ser con la propuesta minera.

Momento histórico de una lucha de años

La sentencia de la Sala Primera es resultado de una lucha social de casi 2 décadas. El movimiento antiminero pasó de ser un tema de efervescencia regional, a convertirse en una lucha nacional, cuando las imágenes de canal 7 sobre la tala de árboles, dieron cuenta del grave daño ambiental, aquel en octubre del 2008. La resolución es un premio a gente que con pundonor siguió sus ideales y su forma de luchar contra una maquinaria de enormes proporciones. El 30 de noviembre del 2011 es un día histórico para el cantón de San Carlos, un regalo en su centenario y un golpe a la mesa sobre la forma en que las comunidades quieren dirigirse hacia el desarrollo.

Dentro de unos años, alguien escribirá una memoria similar a la que cuenta la historia del surgimiento del Parque Nacional Juan Castro Blanco a partir de otra lucha antiminera. Esta sentencia, ante todo, -sugerimos- debe verse como un homenaje a la vida de doña Balbina Torres, una abnegada luchadora de Coopevega, que hoy, si estuviera con nosotros, estaría festejando.